Hace un par de semanas, se desarrolló un mediático incidente protagonizado por el diputado electo Giorgio Jackson y el senador electo por Valdivia Alfonso De Urresti. ¿El motivo? El interés por integrar la comisión de Educación de la Cámara de Diputados en un año de definiciones clave en ese tema.

La polémica contrasta con el hasta ahora débil interés por integrar otras comisiones. Nadie ha aparecido en los medios peleando un cupo por lacomisión de Vivienda y Urbanismo ni por la de Obras Públicas o de Transporte y Telecomunicaciones, pese a que todas estas áreas inciden de manera directa en el desarrollo urbano y, por tanto, en la vida diaria del 90% de los chilenos.

Lo anterior es signo de una curiosa creencia de nuestra clase dirigente, relacionada a la descontextualización territorial de la política pública. Un ejemplo claro de ello se verifica en el debate sobre la educación, que ha ignorado sostenidamente la necesidad de resolver previamente la segregación urbana imperante.

Esta subestimación del desarrollo urbano, como un aspecto central de las políticas públicas, resulta aun mas difícil de comprender, considerando que, según el Ministerio de Transporte, las familias del decil más pobre en Santiago, gastan más del 80% de sus ingresos solo en movilizarse.

La revisión de la historia demuestra que las crisis institucionales experimentadas por Chile en siglo XX, estuvieron antecedidas por profundas transformaciones urbanas. La crisis política de 1925 tuvo como contexto una explosión demográfica sin precedente en Santiago y Valparaíso, caracterizada por la llegada de los obreros desempleados a los centros urbanos. De una forma similar, el Golpe de Estado de 1973, estuvo precedido por la politización de las tomas y campamentos (acrecentados por la reforma agraria) poniendo a prueba los planes del recientemente estrenado Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de gran importancia en la política de promoción popular del Gobierno de Eduardo Frei Montalva.

El año 2013 se llevó a cabo la discusión sobre la nueva política de desarrollo urbano. En la comisión conformada para tal efecto, se visualizaron acuerdos importantes en materia de equidad e integración social. Sin embargo, la implementación de las medidas discutidas, requiere de un acuerdo político profundo, ya que aun está vigente el andamiaje administrativo e institucional creado por la dictadura, que sustento la política urbana del año 1979, de enorme sesgo neoliberal y de gran responsabilidad en la segregación actual.

Con razón se ha afirmado que las políticas urbanas son un atajo para disminuir la pobreza. En el contexto de gobiernos que duran 4 años, donde la resolución de temas como la reforma educacional y la nueva Constitución tomara más de un periodo, la cualidad intrínseca de la ciudad, para distribuir oportunidades y resolver nudos en el avance hacia la equidad, debe ser priorizada y colocada en la “agenda corta” de la discusión pública. Es la hora de un nuevo consenso político; el pacto por la Ciudad.

Columna publicada en El Dínamo. 15 de enero 2014.

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